El Gobierno del Estado de México obtuvo el beneficio de libertad por razones humanitarias para Marcelino N., de 80 años de edad, quien permanecía interno en el Hospital General “Valentín Gómez Farias”, de Ixtlahuaca.
Desde 2013 cumplía una sentencia de 55 años de prisión y actualmente padece senilidad y graves afectaciones a su salud. Por ello, el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), dependiente de la Consejería Jurídica, promovió la sustitución de la pena privativa de la libertad, ponderando los derechos humanos a la salud y la dignidad humana.
Como parte de este proceso se realizó el pago de reparación del daño moral y material por lo que se declaró la extinción de la pena impuesta.
Estas acciones se enmarcan en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, que buscan garantizar el derecho humano de los mexiquenses de acceder a la justicia y la estrategia de impulso y fortalecimiento del ejercicio de la defensoría pública.
