La estación migratoria que se planea poner en funcionamiento en el kilómetro 72 de la carretera Juárez–Chihuahua, donde antes era una revisión de aduanas, corre riesgo ante la falta de cercanía para asuntos de protección civil, denunciaron organizaciones.
El Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) señaló que esta estación, que sustituiría a la que fue siniestrada el 27 de marzo de 2023, no sería sujeta de observancia dado el aislamiento en que se encontraría.
Personal de este organismo internacional que opera también en Juárez refirió que los viernes y en emergencias médicas solían visitar el centro de reclusión del Instituto Nacional de Migración que estaba bajo el puente Lerdo–Stanton, pero la lejanía del nuevo centro impediría que ellos, otras organizaciones y hasta unidades de rescate accedan fácilmente al lugar en caso de emergencias.
Por su parte, Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), precisó que estas nuevas instalaciones que aún no termina de negociar el INM con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) no cuentan con los protocolos de seguridad indicados por la dependencia a cargo de Francisco Garduño Yáñez.
Por lo tanto, la organización está considerando interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la cual el organismo garante deberá revisar la situación en que se encuentra el inmueble, dijo Navarrete.
Hace unas semanas, la Comisión publicó un informe especial sobre las estancias migratorias en el país, con 264 páginas.
Señaló ahí que “los lamentables hechos ocurridos en la estancia provisional del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua el 27 de marzo de 2023… marcó un hito para transformar el modelo carcelario implementado por los gobiernos neoliberales en las estaciones migratorias y estancias provisionales”.
Por lo que apuntaron la pertinencia de “modificar el esquema de estaciones migratorias y establecer criterios para uno nuevo, integral, que responda a la dinámica migratoria actual, subraye que la migración irregular no es un delito y establezca, para toda la gobernanza migratoria, el principio de no criminalización, el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica, la garantía de los derechos a la salud, a la justicia, al trato digno, a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho a solicitar asilo político, considerando el principio de no devolución, el derecho a la vida y a la paz”.
