La ola de renuncias en la representación de Chihuahua del Instituto Nacional de Migración tiene origen en los tratos inhumanos que reciben los empleados por parte de quienes están a cargo, de acuerdo con personal de la dependencia que hablaron con Juárez bajo solicitud de anonimato.
“Han renunciado por el maltrato, la falta de pagos, los pésimos horarios, nos hacen trabajar 24 horas seguidas sin pago extra (lo que está en contra de la ley)”, describieron las personas entrevistadas.
El 18 de abril, se informó sobre las renuncias de personal en áreas importantes como Archivo, Finanzas, Recursos Materiales, la subrepresentación local y de Núcleos Familiares, así como de agentes.
De acuerdo con la información más reciente compartida por el personal, los excesos laborales incluyen obligarlos a hacer traslados de personas migrantes a Tapachula, Villahermosa o Ciudad de México sin el pago de viáticos, la modificación del esquema de vacaciones, la falta de anticipación en avisos sobre estos viajes de trabajo y las malas condiciones de las camionetas en que se transportan hasta Janos de madrugada por órdenes superiores.
Asimismo, arguyeron que aunque el incendio del 27 de marzo de 2023 –en que 40 personas migrantes murieron, 27 hombres resultaron heridos y 15 mujeres sobrevivieron– fue expuesto como el origen de los problemas actuales de la institución, estos iniciaron con el nombramiento de Esther Martínez Zúñiga como titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, y de Jessica Montserrat Aldana Ramírez a cargo antes de la Subdirección de Control Operativo Zona Norte y ahora subrepresentante federal.
Las personas entrevistadas acusaron a ambas mujeres de orillar mediante los malos tratos y faltas a las leyes laborales a renunciar a más de 20 personas, incluidos empleados sindicalizados.
Denunciaron también que estas empleadas públicas se han mostrado indiferentes ante las renuncias, pues buscan “meter a su gente de la Ciudad de México”.
El 4 de marzo se hizo público el nombramiento de Martínez Zúñiga durante una visita del comisionado Francisco Garduño Yáñez a Ciudad Juárez para firmar ante los juzgados federales como presunto responsable de ejercicio ilícito del servicio público, delito con el que se le conecta con la tragedia del 27 de marzo.
Junto con ese nombramiento llegó el de Aldana Ramírez, y entre ambas la Oficina Regional vive uno de sus peores momentos de las últimas administraciones públicas federales ante la indiferencia y las violaciones a derechos laborales, todo parte de la denuncia bajo condición de anonimato por parte de los trabajadores de Migración.
Saliendo de lo que concierne a los acuerdos internos, estos problemas también se traducen en el trato a la población objetivo del Instituto, las personas migrantes, pues de acuerdo con el personal denunciante las titulares reclaman a agentes y otros trabajadores del INM el no realizar su trabajo por no obligar a las personas en movilidad a subir a las camionetas, “sin importar sus derechos humanos”, se señaló.
En mensajes de texto entre empleados del INM en Juárez, compartidos a este medio, se lee presuntamente por parte de Aldana Ramírez:
“Jóvenes y señoritas buenas tardes. Se les pide de la manera más atenta y cordial atender las conducciones a las que han sido comisionados.
“El área financiera, efectivamente está en una situación complicada, pero estamos trabajando para regularizarse.
“La operación no puede detenerse, recuerden que estamos en un servicio para personas y lo realizan también personas profesionales”.
En respuesta trabajadores reclamaron la falta de viáticos y sus sueldos, pues deben proveer a sus familiares, y el Instituto es el que debe solventar los gastos de los traslados. Repetidamente, se asegura que no se trata de una negativa a realizar el servicio público, sino a realizarlo bajo las condiciones en que están.
El Instituto Nacional de Migración fue cuestionado sobre las acusaciones directas en contra de las dos funcionarias, sin que se emitiera un posicionamiento oficial al cierre de esta edición.
